Senador Carlos Sotelo García,
Coordinador del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los exfuncionarios del Estado de Michoacán

Senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Ramiro Hernández García y Silvano Aureoles Conejo, integrantes de este Grupo de Trabajo.

Dra. Rosa María de La Torre Torres,
Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Dr. Raúl Carrancá y Rivas
Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM

Dr. Miguel Sarre
Director del Centro de Estudios de Derecho Público, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
Dr. Salvador Jara Guerrero,
Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Amigas y amigos todos:

Agradezco la invitación a este Foro de Seguridad con Justicia para México, tanto al Senado de la República, como a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para abordar un tema que afectó sensiblemente la vida del estado y que hoy cumple dos años de haber ocurrido; hecho que constituye ya un caso paradigmático en la historia reciente de la procuración de justicia del México contemporáneo.

El Operativo Conjunto Michoacán, constituyó un despliegue y una forma de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada criticable por sus aristas inoperantes y riesgos visibles. Pero nunca hasta hoy, por nuestra parte se ha cuestionado el objetivo.

I. EFECTOS
Esta nueva forma de combate a la delincuencia parecía justificada ante las las graves manifestaciones que el crimen organizado presenta en los últimos años:
1.- Su poder de fuego.
2.- La utilización propagandística de los medios.
3.- El recrudecimiento de las acciones por la confrontación entre cárteles o bandas rivales y las acciones en contra de la policía federal, y
4.- Los ataques a la población. En la historia del país ningún grupo subversivo o criminal había atacado a la población, desafortunadamente la noche del 15 de septiembre del 2008, en Morelia, el crimen organizado atentó con granadas contra los civiles, ocasionando ocho muertos y más de una centena de heridos.

Una consecuencia negativa que surgió de inmediato fue la afectación a los derechos humanos.

En el 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 52 quejas en contra de las fuerzas federales, cinco de ellas de mujeres que manifestaron haber sido ultrajadas, entre otras; a las que se sumaron denuncias sobre cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura, atentados a la integridad física, allanamientos y ejercicio indebido del servicio público.

II. DETENCIONES EN MAYO

Hasta ese momento, los efectos negativos mencionados podían considerarse fallas del modelo operativo, imputables al desconocimiento de las funciones encomendadas a las fuerzas armadas.

Sin embargo, el 26 de mayo del 2009, se realizó el operativo en el que se detuvo a alcaldes, servidores públicos del Poder Judicial del Estado, estatales y municipales, con justificada indignación, se reclamó la falta de comunicación y coordinación porque implicaba poner en entredicho la integridad e imparcialidad del Ejecutivo a mi cargo.
En ningún momento el Gobierno de Michoacán se pronunció en contra de la intención manifiesta del operativo y dejó en claro que reconocía la atribución de las autoridades federales en el combate al crimen organizado.

Sin embargo, estas demandas no fueron entendidas, ni atendidas.

En todo momento mi reclamo ha sido justo: respeto a la soberanía del estado, respeto a las sedes de los poderes locales y a la Constitución.

Las posteriores peticiones de mi gobierno para reforzar la coordinación y la colaboración, fueron también desoídas por el gobierno federal, el cual unilateralmente decidió el incremento de las fuerzas federales en el estado.

Ante estos hechos reiteré el apoyo al gobierno federal; le solicitamos restituir la coordinación con el Gobierno del Estado democráticamente electo, sabedor de que sería la delincuencia organizada la que saldría ganando, como ocurrió, sin duda.

Ante estos desencuentros se sostuvieron reuniones urgentes a nivel político y táctico con el gabinete de seguridad nacional. En éstas se tomaron acuerdos como: realinear la coordinación entre gobierno estatal y federal, recuperar la comunicación entre ambas autoridades y pugnar por la neutralización de los delincuentes y no de las instituciones, a través del trabajo conjunto.

En todo este proceso, desde el principio sostuve que la delincuencia debe perseguirse con la Constitución en la mano, la cual establece un sistema de justicia penal democrático, humanista, respetuoso de los derechos humanos; que actúa con apego a la Constitución da a la población un rumbo cierto de seguridad.

El mal llamado “michoacanazo” atentó contra los principios que establece la Constitución y el sistema de justicia penal democrático que de ella emana. No sólo porque violaron domicilios y detuvieron personas sin orden de autoridad judicial, sino porque fueron sometidos a arraigo y a prisión, acusados por testigos de dudosa idoneidad; sino también, porque se violentaron los principios elementales del Derecho como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, al proceso debido y a la no trascendencia de las penas. Además, porque se violó la soberanía del estado, al ingresar a la sede del Poder Ejecutivo, sin respeto a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales.

En junio del 2009, el gobierno federal rechazó importantes recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por la violación de las garantías fundamentales del pueblo mexicano, debidas al modelo operativo en marcha.

El 29 de octubre de ese mismo año, la CNDH emitió la recomendación  N° 72/2009, en la que formuló nueve recomendaciones al Procurador General de la República y cinco al Secretario de Seguridad Pública sobre las detenciones del 26 de mayo en las que reforzaban los justos reclamos de Michoacán.

III. A DOS AÑOS DEL EVENTO

A dos años de tales sucesos, considero que en tanto un acto procesal penal el asunto ya concluyó, pero como acto de evidente violación a los mandatos constitucionales en materia penal, no ha concluido, sigue pendiente el reconocimiento del Gobierno Federal a una actuación fuera del marco legal, en la que se desconocieron los Derechos Humanos, las recomendaciones que al respecto se emitieron, así como una reivindicación moral de quienes en su momento vieron gravemente dañada su trayectoria pública por las detenciones.

Es necesario revisar las figuras de las que se abusó.

Debo señalar, a quienes pudieran ver en mi posición un tinte partidista, que los funcionarios y alcaldes afectados no fueron solamente de las filas perredistas: de los 12 presidentes municipales acusados, seis pertenecen al PRI, cuatro al PRD y dos al PAN. Sólo siete servidores públicos eran de filiación perredista de más de una treintena de acusados, en tanto que el resto eran trabajadores de carrera de la procuración de justicia o de la administración pública estatal, con más de 15 años laborando. Nunca hubo diferencia alguna que tuviera motivaciones de filiación partidista ni de apego personal. Mis pronunciamientos públicos son constancia de ello.

La seguridad es un tema de Estado y todos debemos de participar en ello. Urgen medidas que refuercen la participación social en las tareas de combate al crimen organizado, entre ellas:
a. Mayor uso de tecnología. En todas las etapas del proceso policial.
b. Labores de inteligencia. Para disminuir el riesgo de bajas de elementos.
c. Evaluación y control. Esta misma semana estuvieron presentando sus exámenes los altos mandos policiacos de Michoacán, ante la instancia federal designada para tal efecto.

En el plano legal insisto en que se deben revisarse las figuras jurídicas siguientes:
a. Localización y presentación de personas, a la cual hoy le conceden más fuerza legal aparente, que las órdenes de aprehensión dictadas por la autoridad judicial, para que no se abuse en su uso.
b. El arraigo, que denigra a las personas y sus garantías procesales y los incomunica, sin derecho a ser asistidos por sus abogados, coartando los beneficios de una defensa legal.
c. Los testigos protegidos que deben someterse a las reglas procesales, de cualquier tipo de testigos: que sean idóneos, que no tengan interés personal o legal, que tengan calidad moral, entre otros.
d. Las intervenciones telefónicas que siempre deberán contar con la autorización judicial a fin de evitar que la autoridad administrativa sea juez y parte.
e. Las llamadas telefónicas anónimas que deben de tener ciertos elementos, que eviten las bromas, venganzas personales, o simplemente errores.

IV. CONAGO
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, asentamos que es claro que la actual organización de seguridad pública en el país favorece la desarticulación, los esfuerzos de por sí inconexos y produce las respuestas aisladas.

Ello implica un rediseño integral, del modelo policial, a fin de que éste responda con oportunidad a la problemática actual de dispersión y multiplicidad de funciones, por lo que propongo llevar esta deliberación al H. Congreso de la Unión y realizar las adecuaciones pertinentes en las legislaciones de cada entidad federativa.

La disminución de oportunidades laborales, la falta de oportunidades educativas, las diferencias culturales y el deterioro del medio ambiente, dan lugar a situaciones en las que actividades como el narcotráfico, el secuestro, la conformación de pandillas, la pobreza, la migración y la explotación irracional de los recursos naturales, se convierten en una amenaza para los objetivos nacionales y estatales tendientes a un desarrollo sustentable, equitativo, con respeto a la diversidad cultural, así como la creación de empresas que generen empleos.

Es por ello que reitero la necesidad urgente de atender la otra cara de la moneda: la lucha contra las desigualdades, la falta de oportunidades de empleo, educación y salud, principalmente.

Hace falta mayor determinación de las dependencias federales y más vehemencia en el desarrollo económico que disminuya la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades.

Si combatimos con la misma fuerza las desigualdades sociales que a la delincuencia, si actuamos con respeto a las garantías constitucionales, si reivindicamos un sistema de justicia penal donde prevalezca la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, estoy seguro que derrotaremos a este flagelo nacional que es el crimen organizado y sus secuelas en el país.

Los gobiernos de los estados debemos coadyuvar en esa lucha, pero a través de los mecanismos de coordinación que establezcan las leyes, convenios y acuerdos suscritos en el espíritu del pacto federal, desenvolvernos bajo esos criterios nos asigna un grado de responsabilidad también en el éxito o fracaso.

Con la Constitución en la mano como lo he dicho muchas veces; respetando los derechos humanos, las garantías procesales y bajo los procesos debidos y justos, es como avanzaremos en lograr mayor seguridad y justicia para todos.

Procederemos ahora, si me permiten, a hacer la declaratoria formal de inauguración de este evento.

Muchas Gracias.